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Si se tuviese que resumir en unas palabras el conflicto público-privado, serían rapidez y personalización, por parte de la sanidad privada, contra economía y medios de la sanidad pública. En España tradicionalmente ha funcionado, casi de manera exclusiva, la sanidad pública. Por otra parte, la mejora del nivel de vida ha mejorado y hoy en día una seguro privado está al alcance de un sector social mucho más amplio que anteriormente.
La sanidad pública es la que corresponde por derecho a todos los españoles o los que residan legalmente en España y coticen a la seguridad social. Además, en España, no tenemos la opción de no pagar la seguridad sanitaria pública, y la debemos seguir pagando aún acudiendo a un seguro privado. Mientras, la seguridad privada tiene un coste medio de 50 euros por visit aproximadamente, a no ser que esté sujeta a algún tipo de convenio colectivo.
Entre las ventajas de la sanidad privada, destacan sobre todo la rápida atención al paciente, la posibilidad de elegir al especialista que desees, además del acceso directo a éste, rapidez en la obtención de resultados, habitaciones individuales o acceso a mejores clínicas.
Sin embargo, la sanidad pública tiene más medios humanos y técnicos, mejor calidad médico asistencial en caso de parto de riesgo y prestaciones farmacéuticas gratuitas. Además, cubre todos los gastos de atención precoz del embarazo, el seguimiento sanitario del mismo, la preparación para el parto y la visita durante el primer mes de posparto.
El problema es que se tiene que dar a luz en el hospital asignado según la zona de residencia, y que dependiendo de la ocupación del centro en el momento de ingreso, la habitación será compartida o no. Además, los posibles acompañantes no disponen de una cama para pasar la noche, y los horarios de visitas son más restrictivos.














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